Recurso de Inaplicabilidad de ley: requisitos

SENTENCIA DEFINITIVA DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 DE MAYO DE 2017 (CASO BERTINATTO, GUSTAVO EMILIO CONTRA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y SU ACUMULADA ARAGÓN, ELISA JOSEFINA CONTRA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DAÑOS Y PERJUICIOS)
Presidente:Soria-Negri-de Lázzari-Pettigiani
Fecha de Resolución:10 de Mayo de 2017
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
Es requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos y citas legales sobre los que la misma se asienta.
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 10 de mayo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,N.,de L.,P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.922, "B., G.E. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" y su acumulada "Aragón, E.J. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
A N T E C E D E N T E S
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó la sentencia única dictada en la instancia de origen que -a su turno- había rechazado los reclamos resarcitorios deducidos por G.E.B. y E.J.A. (fs. 1053/1058 vta.).
Se interpusieron, por estos últimos, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 1064/1086 vta. y 1090/1092).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley de fs. 1064/1086 vta. y 1090/1092?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:
El señor G.E.B. promovió demanda de daños y perjuicios contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Chacabuco, por la suma de $ 847.843, con motivo de la transferencia de créditos al Fideicomiso de Recuperación Crediticia en el marco de las leyes 12.726 y 12.790 (v. fs. 10/35).
Por su parte, E.J.A. inició acción por enriquecimiento ilícito y daños y perjuicios contra la aludida entidad bancaria por la suma de $ 576.447,97, invocando similares razones (v. fs. 26/52, exp. acumulado 3206/2011).
Los accionantes fundan su acción en la presencia de irregularidades que atribuyen al banco demandado, en la modalidad de transmisión e información de los créditos al Fideicomiso de Recuperación Financiera. En tal sentido, sostienen que el Banco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicios ejecutivos y trabó medidas cautelares en su contra en febrero de 2003, cuando dichos créditos ya habían sido cedidos al F..
Alegan que el error operacional de la mentada entidad bancaria consistió en omitir información de las deudas que habían sido canceladas; no remitir los pagos realizados que estaban amortizados y/o reprogramados, entre esa fecha y el momento en que realmente se hizo la transmisión tardía el 7 de diciembre de 2002, y retener fondos que hubiesen servido para el pago en efectivo del 20 % en el plan acordado.
Sostienen que el inicio de procesos judiciales sin la debida autorización del F., con la consecuente traba de medidas cautelares, el cierre compulsivo de cuentas corrientes e inclusión en el Veraz les generó innumerables perjuicios cuyo resarcimiento aquí reclaman.
La jueza de origen -tras disponer la acumulación del expediente 3206/2011 caratulado "Aragón, E.J. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (fs. 980/vta.) a las presentes actuaciones- dictó sentencia única rechazando las pretensiones incoadas (fs. 999/1014).
Apelado dicho pronunciamiento por los actores, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín lo confirmó en todos sus términos (fs. 1053/1058 vta.).
Para así decidir comenzó por señalar que la constitución del Fideicomiso de Recuperación Crediticia (ley 12.726 y su modificatoria ley 12.790) tuvo por objeto establecer un mecanismo adecuado para el mejoramiento de la situación financiera del Banco, afectado por el contexto económico del país, permitiendo detraer del balance de la entidad financiera el peso que representaba la cartera de créditos de difícil recupero (conf. Fundamentos de elevación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo; fs. 1055).
Seguidamente, destacó que si bien para el recupero de los créditos cedidos el Fideicomiso estaba facultado para conceder quitas, extensión de plazos de amortización y recálculos de intereses, se trataba sólo de un posible beneficio para los deudores como efecto secundario de la ley, no su finalidad última. A ello agregó que la transferencia de créditos no era automática oministeriolegisni aparejaba la inclusión de todos los créditos en la situación contemplada sino que además de la calificación previa de su categorización era necesario alcanzar un monto determinado (fs. 1055/vta.).
Sentado ello, precisó que de las pericias contables y de la regulación normativa"no resultaba un momento indicativo de los importes a transferir", que lo que se transfería no eran los valores de los créditos al 31 de marzo de 2001 sino los créditos -conceptos o rubro de la deuda-"sin perjuicio de las posteriores imputaciones -como créditos o débitos- que continuaron devengándose por las operatorias originariamente concertadas con la entidad bancaria, respecto de los cuales no se especifica la existencia de fondos indebidamente informados al Fideicomiso en detrimento de los actores"y"no se ha justificado la apropiación de fondos de los actores ni del F. por el Banco durante ese período"(fs. 1056).
Remarcó -en consonancia con lo expresado por la magistrada de origen- que se trataba de un proceso o mecanismo que además de la individualización de los créditos requería de su inclusión en un convenio de transferencia en cada caso, sin que la demora en la instrumentación o perfeccionamiento de la cesión fuera de los plazos contemplados tuviese virtualidad suficiente para convertir en ilícito tal proceder, toda vez que fueron establecidos para la relación entre fiduciante y fiduciario, según modelos de convenios aprobados en anexos y no en función de expectativas (sin reconocimiento legal) que pudieran tener los deudores cedidos, quienes conservaban en todo momento la potestad de cancelar sus deudas en mora (fs. 1056 vta.).
A ello, adunó que ningún elemento probatorio se había arrimado para tener por cierto que dicho proceso haya sido causa efectiva y verdadera de frustración de regularización de las deudas (fs. cit.).
En lo atinente a los juicios iniciados por la entidad bancaria, advirtió que no podía soslayarse el mandato conferido al Banco de la Provincia de Buenos Aires para el inicio de las acciones legales necesarias a los fines de lograr el recupero de los créditos (conf. pliego de posiciones: fs. 670/671; fs. 1056 vta./1057).
A la par, aclaró que la vigencia de la inhibición general de bienes -por su mayor amplitud- desplazaba y relevaba de analizar los daños que pudieran haber ocasionado los embargos anotados, derivados también de la imposibilidad de disponer de los inmuebles, destacando además que uno de los embargos se encontraba superpuesto con otro anotado por el Banco en uno de los procesos en donde se reclamaba un crédito que no correspondía transferir al Fideicomiso (exp. 45.509: fs. 16/18; fs. 1057 vta.).
Por fin, sostuvo que reforzaba la solución propuesta la circunstancia de que los créditos ejecutados habían sido definitivamente transferidos al Fideicomiso y posteriormente cancelados por el deudor; con excepción de los créditos reclamados en los expedientes 45.509 y 44.559 en los que se decidiera por sentencia firme que no correspondía el traspaso al Fideicomiso, el primero por ser de fecha posterior y el segundo por corresponder a un crédito que por su origen (tarjeta de crédito) no quedaba comprendido en el régimen de las leyes 12.726 y 12.790 (fs. cit.).
Frente a este modo de decidir se alza el actor G.E.B. por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1064/1086 vta., en cuyo marco invoca la violación de los arts. 35 y 40 del Código Civil; 34 ap. 4to., 163 incs. 5 y 6 y 385 del Código Procesal Civil y Comercial y de las leyes 12.726 y 12.790; como también de los arts. 141819 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 10, 11, 15, 31, 36 y 57 de su par provincial. Hace reserva del caso federal.
A fs. 1090/1092, la accionante en los autos acumulados -E.J.A.- interpone, asimismo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, adhiriendo a las objeciones y razones expuestas en la referida pieza recursiva.
Los recursos no pueden prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (conf. doct. art. 279, C.P.C.C.).
En virtud de la expresa remisión efectuada por la actora E.J.A. a los agravios vertidos en la impugnación de fs. 1064/1086 vta., corresponde abordar el tratamiento de los recursos deducidos de manera conjunta.
Una de las notas características de esta instancia extraordinaria radica en la mayor exigencia en cuanto a las cargas requeridas a los litigantes para transitar con éxito la casación (conf. C. 106.217, sent. del 12-III-2014; C. 117.929, sent. del 24-IX-2014; entre muchas). En este orden, el acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial impone al recurrente explicitar con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precisar en qué consiste la violación denunciada o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que a esta Corte en su instancia extraordinaria no le es dado suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (conf. Ac. 88.916, sent. del 14-IX-2005; C. 100.851, sent. del 3-VI-2009; entre otras).
En la especie, tras una ardua reseña de los antecedentes de la causa (v. fs. 1065/1080 vta.), los recurrentes arguyen que la Cámara ha efectuado un erróneo enfoque jurídico y valorativo del inmenso caudal probatorio agregado en autos y de la causa o motivo de la sanción de las leyes 12.726 y 12.790 (v. fs. 1081/1083 vta.).
En rigor, señalan que la alzada parece no advertir un hecho esencial para la resolución de la causa, a saber, que en virtud de las citadas disposiciones legales se instrumentó el modo y la forma de la transferencia de todos los créditos, y en qué fecha debían estar en la cartera pasiva (31-III-2011) y que en el caso de que hubiera operaciones o medidas que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tuviera que realizar o normalizar, el plazo máximo sería el 1 de octubre de 2001 para la transferencia de los créditos; términos que no fueron cumplidos por la entidad financiera accionada (fs. 1081 vta.).
Alegan, asimismo, que la banca accionada inició juicios ejecutivos cuando la mayoría de los créditos ya no pertenecían a la entidad sino al Fideicomiso, generándoles perjuicios de diversa índole (fs. 1081 vta./1083 vta.).
i] Ahora bien, en la parcela de su impugnación enderezada a fundar su embate (v. fs. 1081 y ss.) los recurrentes omiten denunciar como infringidas las normas concretamente actuadas por la Cámara de Apelación, a saber los decretos 2045/2001 y 2754/2001, que establecen -contrariamente a lo sostenido por los impugnantes- un proceso de identificación específico de la cartera cedida y el traspaso paulatino de los créditos al Fideicomiso previa categorización (fs. 1055 vta./1056).
Este procedimiento de transferencia se encuentra plasmado en el "Acta Acuerdo de Transmisión Parcial de la Propiedad Fiduciaria de los Créditos Ley 12.790 1er. Tramo", suscripto el 5 de diciembre de 2003 entre el Banco de la Provincia y el Comité creado por ley 12.726, de la cual surge la transmisión de la propiedad fiduciaria de los créditos correspondientes al art. 1 de la ley 12.790 que se identifican en el Anexo I en el cual constan los créditos de Bertinatto, con los importes efectivamente percibidos y validados por el Fiduciante. Allí se explicitó que "el art. 1 de la Ley 12.790 modificó la ley 12.726 disponiendo la transferencia al Fideicomiso de créditos que, estando clasificados en categorías 1 y 2 de acuerdo con las normas del BCRA se encuadraren en las disposiciones del Decr. 2587/2000 y complementarios, por un monto no mayor a $250.000 por deudor, con las inclusiones y excepciones previstas, para lo cual el deudor deberá presentar su requerimiento antes del 30-6-2002 (…) que existen créditos que, estando calificados al 31-3-2001 en categorías 3 a 6 de acuerdo a normas del BCRA fueron excluidos de la transmisión realizada con la firma del contrato de Fideicomiso atento su posterior categorización y encuadramiento en los términos del D.. 2587/2000 (…) que existen deudores que habiendo manifestado su voluntad de adhesión a las disposiciones de la Ley 12.790, en virtud de encontrarse calificados en categorías 1 y 2 según normas del BCRA, continuaron siendo asistidos crediticiamente por el Fiduciante, generando nuevas operaciones las cuales podrán ser objeto de transmisión" (v. copias certificadas del expediente adm. Nro. 1071/2004: fs. 875/884).
Por otra parte, en lo que respecta al cuestionamiento vinculado con los montos de los créditos cedidos -tal como refiere la alzada- el sistema creado no hacía referencia a la transferencia de"saldos deudores"al 31 de marzo de 2001 pues en diciembre del año 2002 el Banco de la Provincia de Buenos Aires transfiere al Fideicomiso los"rubros de deuda"de los clientes que encuadrados dentro del art. 1 del Convenio de Activos poseían al 31 de marzo de 2001, no los montos de deuda a esa fecha (v. fs. 1056).
Tal extremo se encuentra corroborado por el informe presentado por la perito contadora C.A.. De las respuestas brindadas por la experta surge con claridad que el Banco de la Provincia transfirió al Fideicomiso de Recuperación Crediticia ley 12.726/12.790 los conceptos de deuda (créditos deudores) que el cliente G.B. poseía al 31 de marzo de 2001 con los montos o saldos al 5 de noviembre de 2002, fecha en que se produjo el pase a mora del cliente en cuestión. Afirmó que la contabilización y registración contable de la transferencia al F. se realizó el 6 de diciembre de 2002 por los montos descriptos. Explicó que si se hacía una comparación entre los rubros de deuda que el cliente G.B. poseía al 31 de marzo de 2001 según cuadro expuesto en la primera parte de este punto de ampliación de pericia y el asiento contable que realizó el banco con fecha 5 de noviembre de 2002, de pase a Deudores Morosos y posteriormente al F., se podía advertir que los conceptos o rubros de deuda eran los mismos y lógicamente diferían en monto por el simple transcurso del tiempo, la evolución de la cuenta corriente, la renovación de los mutuos en dólares y los pagos parciales que el cliente fue realizando sobre el préstamo a interés vencido nro. 25.699 y sobre préstamo de Emprendimiento Productivo (v. pericia: fs. 279/282).
Lo hasta aquí expuesto demuestra la sinrazón de la queja, la que deja enhiesta la premisa central del pronunciamiento consistente en la ausencia en el caso de un obrar antijurídico y de relación de causalidad adecuada entre las operaciones llevadas a cabo por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el marco de las leyes 12.726 y 12.790 y los daños denunciados por los recurrentes (art. 279, C.P.C.C.).
Llegados a este punto cabe recordar que constituye requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente la que -como en la especie- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos y citas legales sobre los que aquélla se asienta (conf. doct. C. 106.183, sent. del 22-XII-2010; C. 94.540, sent. del 10-III-2011; C. 119.081, sent. del 15-VII-2015; entre otras).
ii] Tampoco puede ser receptado el agravio enderezado a cuestionar la falta de legitimación activa del ente accionado para iniciar los juicios ejecutivos vinculados a dichos créditos (fs. 1081 vta. y 1085 vta.).
En efecto, el tribunala quoa los fines de despejar toda duda sobre la cuestión hizo hincapié en la existencia de un mandato en virtud del cual la entidad bancaria provincial se encontraba facultada para ejercer las acciones legales necesarias para lograr el recupero de las deudas impagas (fs. 1056 vta./1057).
Esta conclusión resulta conteste con lo resuelto por esta Corte en la causa C. 92.112 "Banco de la Provincia de Buenos Aires contra B. de Lacuba, D.A.. Cobro Ejecutivo" (sent. del 20-VIII-2008). En dicha oportunidad, se sostuvo -en el marco de la ejecución de un crédito subsumido en la ley 12.726- que el ejecutante se encontraba legitimado para accionar toda vez que de las constancias de la causa surgía el otorgamiento de un poder para continuar con las acciones de cobro. El voto al cual adherí en esa oportunidad expresó que en el caso había quedado demostrada la relación jurídica que unía al Fideicomiso de la Provincia de Buenos Aires con el Banco que promoviera originariamente la acción, señalando que el juez no podía ser fugitivo de una realidad que se presentaba objetivamente ante sus sentidos. Al respecto, precisó que habiéndose acreditado que la actuación de la entidad bancaria lo fue en representación del titular de la cartera cedida a la entidad creada por ley 12.726, correspondía rechazar la excepción opuesta.
En elsub lite, tal circunstancia surge de la absolución de posiciones (v. fs. 670/671), extremo que no ha sido controvertido por los apelantes, sellando de este modo la suerte adversa de esta parcela de la impugnación.
iii] Para más, las deficiencias señaladas no quedan suplidas mediante la invocación de la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal como los contenidos en los arts. 141718 y 31 de la Constitución nacional (v. fs. 1085 vta.), en la medida en que los recurrentes omiten indicar de qué manera se produjo la transgresión que predican -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia de su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellos tutelan (conf. C. 108.497, sent. del 21-XII-2011; C. 118.266, sent. del 8-IV-2015; entre otras).
Por último, no logrando conmover los impugnantes la decisión de grado en cuanto juzgó no configurados los presupuestos que hacen nacer la responsabilidad del ente demandado (a saber, la antijuridicidad y la relación causal adecuada entre el accionar del banco y los daños descriptos en los escritos de inicio), no corresponde abordar el tratamiento de los supuestos daños derivados de la "indebida e ilegal" traba de embargos como así tampoco ingresar en el examen de la prueba producida a tales efectos (fs. 1083 vta./1085 vta.).
En consecuencia, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, postulo el rechazo de los recursos extraordinarios articulados por G.E.B. y E.J.A., por lo que a la cuestión planteada doy mi voto por lanegativa.Costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Los señores jueces doctoresN., de L.yP., por los mismos fundamentos del señor J. doctorS., votaron también por lanegativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
El depósito previo de $ 57.644,79, efectuado a fs. 1109, queda perdido (art. 294, C.P.C.C.). El tribunala quodeberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).
N. y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
CARLOS E. CAMPS
Secretario

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